Dirigido a: Ministerio de Justicia, Fiscalía General de la Nación, Superfinanciera, SuperIndustria

Escribo esta nota con profunda preocupación ante la grave situación de las extorsiones que se están llevando a cabo desde los centros penitenciarios de nuestro país. Esta problemática ha escalado de manera alarmante, afectando la seguridad y tranquilidad de miles de ciudadanos colombianos.

Como ciudadano, he sido testigo directo de los efectos devastadores de esta criminalidad. Esta semana, en una investigación de campo (benchmark) acerca de soluciones Fintech de microcrédito digital y me encontré con cúmulo (lo más grave es que son muchas y nadie hace nada) de aplicaciones que se instalan directamente desde las tiendas oficiales, se aprueban créditos de 100 o 200 mil pesos, ojo: aprobados, porque realmente las “tasas de servicio y demás rayan con lo irrisorio, sale más barato un gota a gota y esto ya es mucho decir.

Son créditos que pasan por una cadena de servicios legales y avalados como son:

• Google play store (se supone que no deja pasar apps invasivas)
• Nequi, como forma de recibir el dinero prestado y forma de pagar el reembolso.
• PSE, en donde se deja entrever que son empresas legalmente constituidas en el país como SAS (encontré en dos ejercicios, 3 de estas empresas)
• Whatsapp que se supone que promueve como una app segura.
• SMS que pasan por los proveedores de servicios de telecomunicaciones en el país.

Luego resulta que la fecha de vencimiento NO es la de 7 días que es la que aparece en la app, sino que es un día antes (como el amable agente de cobranza hace saber cuando comienza el acoso)

Cuando se comienzan a comunicar, llegan con groserías, con mensajes por Whatsapp, grupos de sms, en donde además de mala ortografía, comienzan las amenazas, amenazas que no son solo de “pague” sino que si no paga, comenzarán a escribir a la lista de contactos (que se han extraído previamente) y lo hacen, y no lo hacen indicando que es un deudor, sino que se tacha a la persona de estafador, de abusador de menores, entre otras cosas que no solo son falsas, sino acusaciones graves. Y esta imagen persuasiva, si es que se le puede llamar así, contiene una fotografía real del usuario (también tomada sin su consentimiento) y copia de la cédula sin desvanecer ningún dato. Esto es alarmante!!!, es terrible pensar que en un párrafo como este, he narrado una colección de varios delitos y todos ellos muy graves, qué tal uno vaya por la calle y un usuario de Facebook recuerde mi foto como abusador de menores y me linche sin que sea verdad esto.

Es imperativo que el Estado tome medidas contundentes y urgentes para combatir este flagelo. Propongo las siguientes acciones:

Es fundamental que las autoridades trabajen de manera coordinada y eficiente para enfrentar este problema. La seguridad de los ciudadanos no puede seguir siendo puesta en riesgo.

Y para pasar a la práctica, deberíamos dejar la hipocresía y la falsa moral, porque las entidades mencionadas en el inicio saben quienes son y cómo lo hacen. Debo citar un caso práctico:

Directv demandó y ganó ante la dirección nacional de derechos de autor, el que en el país (Colombia) se bloquearan desde la fuente (operador de internet) las páginas web de rojadirecta que son conocidas por transmitir de forma pirata eventos deportivos, en especial partidos de fútbol que son de transmisión exclusiva de esta empresa. Entonces si se puede no?

Por qué no investigar y cerrar las empresas que captan dinero de manera ilegal y hacen parte de este entramado?

Por qué el estado no le exige a Google no tener disponible estas aplicaciones ya identificadas en el país?

Es muy triste que el ciudadano de a pie, el que no logra acceder al sistema financiero por una u otra razón, que se alinea mucho a la economía popular que tanto cacarea el gobierno actual que está buscando su bienestar, es el más perjudicado en este asunto.